COMERCIO ELECTRÓNICO Y SEGURIDAD JURÍDICA

Esta es una cuestión que me viene preocupando desde hace tiempo sobre todo por la sensación de que no tenemos mecanismos de defensa frente a los abusos que se producen en las operaciones de compra a través de la red, el denominado comercio electrónico.

La preocupación aumenta en esta etapa que estamos viviendo como consecuencia de la Declaración de Estado de Alarma provocada por la epidemia del covid – 19 que nos obliga a permanecer confinado y haciendo un uso extensivo de los medios telemáticos, teletrabajo, comunicaciones profesionales y personales, compras online.

Nos tratan de convencer de la necesidad de control gubernamental para evitar bulos y de aplicaciones informáticas para geolocalización como medidas para combatir la pandemia y sin embargo, parece que no hay medios oficiales para evitar el abuso a través de páginas falsas, de spam y hackers que provocan fraudes, estafas y extorsiones a través de la red.

Carecemos de herramientas suficientes de control administrativo, policial y judicial y por ello se producen situaciones de abuso al consumidor particular, al ciudadano normal.

He sufrido alrededor varios de éstos actos: el negocio es fácil y fraudulento por supuesto: creo una página web, anuncio un producto atractivo, engancho a un colectivo a través de los distintos medios de comunicación social y ofreciendo un producto que no tengo o que no llega finalmente al cliente, engaño a un colectivo más o menos amplio porque el producto nunca es servido o es servido con deficiencias de calidad, cantidad, etc.

No hay cauces claros de reclamación de la deficiencia o ausencia del producto que ha sido previamente abonado por medios de pagos más o menos seguros.

Tampoco existen controles de los medios en los que se publicita por lo que de alguna manera contribuyen al engaño.

Todos podemos vernos afectados pero esencialmente la gente joven que alaban y disfrutan de las redes como si de la tienda de al lado de casa se tratara, la tienda a la que íbamos a comprar hace 20 años?!

Se produce por la compra de unas botas, una blusa o un abrigo, unas entradas para un macro concierto, por la compra de cualquier producto en la gran red de comercio electrónico que nos invade, que indican servir el producto en 24 horas pero que finalmente, resulta que hace un cargo en la tarjeta que has usado por un servicio que no has contratado y te dice que si no te das de baja en treinta días es que, ya estás suscrita y puedes disfrutarlo por un año cuando ni siquiera lo has pedido y no tienes conciencia de cómo has llegado a esa suscripción involuntaria.

También entra en este escenario de inseguridad las relaciones con compañías de aviación: vuelos contratados que son objeto de cancelaciones, suspensiones etc. y que a pesar de reclamarles, no abonan las indemnizaciones previstas por la normativa Europea, que obligan a acudir a los Tribunales, el que pueda, claro, no todos…

O los agentes de reservas de alojamientos, que no responden de incumplimientos y que obligan a mandar e mails tras e mails reclamando el cumplimiento de lo contratado, reclamaciones también a entes abstractos que no dan la cara frente al usuario o consumidor…

Cuando intentas contactar por teléfono, es un imposible, te enfrentas a un ente abstracto, sin voz, cuerpo ni cabeza.

El listado de empresas o entes que sacan sus beneficios de prácticas ilícitas es largo y en muchos casos, perfectamente identificados.

¿Qué podemos hacer como usuarios y consumidores? Sorprendentemente, poco a mi juicio.

Denunciamos a la policía o a los juzgados por la pérdida engañosa de 20, 30, 40 euros y la respuesta es que no existe estafa, engaño o fraude, que es una cuestión mercantil y que reclames al juzgado competente: … sobreséase el procedimiento al no revestir los hechos caracteres de infracción criminal, sin perjuicio de las acciones civiles que le pudieran corresponder…

Se pierde la perspectiva de que no es la cantidad que se reclama individualmente sino el conjunto de aquellos que han sido engañados premeditadamente y que suman una cantidad nada desdeñable y que ha permitido al defraudador, “hacer su agosto”. El negocio ha sido fructífero y rentable a costa de cientos o miles de consumidores que no pueden o no les compensa continuar con guerras judiciales.

¿Cuál es el consejo? Difícil de dar, prescindir en nuestras vidas del comercio electrónico es casi imposible a estas alturas de la sociedad “hiperenganchada” a la red pero me pregunto si es posible establecer controles en la propias redes más conocidas para penalizar estos abusos, perseguir a defraudadores por la Administración, Policía y vías judiciales dándole valor a la trascendencia del hecho no por la cuantía, creando leyes ex profeso que actualicen los actuales medios de control, crear registros en las propias páginas web donde se publicitan estas empresas que avisen de la existencia de fraude, abuso e incumplimiento de la empresa o marca en cuestión…

La única realidad que percibo es que ahora estamos en mano de todo aquel que quiera obtener beneficio del engaño y el fraude.

Sevilla, 21 mayo 2020