SOBRE LA TRANSPARENCIA EN MATERIA DE CONTRATACIÓN LABORAL (II): EL MODELO DEL SEPE Y SUS POSIBLES INSUFICIENCIAS

Escrito por Artillo Abogados

En nuestra Circular 15/2026, de 25 de septiembre, analizábamos las novedades introducidas por el Real Decreto 723/2026, de 9 de septiembre, relativo a la transparencia y previsibilidad de las condiciones laborales, y planteábamos algunas de las dificultades prácticas que su aplicación podía representar para las empresas. Entonces advertíamos que las nuevas obligaciones de información exigían una revisión de los contratos y procedimientos internos, así como una mayor precisión en la descripción de las condiciones de trabajo.

Una vez producida la entrada en vigor de la norma, el pasado 5 de octubre, y publicado por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) el Modelo de documento informativo sobre los elementos esenciales del contrato de trabajo, consideramos oportuno retomar esta cuestión. Y lo hacemos porque, tras examinar el modelo oficial y contrastarlo con las exigencias del artículo 3 del Real Decreto, entendemos que su contenido presenta determinadas insuficiencias que pueden dificultar el cumplimiento íntegro de las obligaciones empresariales de información.

En este sentido, resultan de interés las reflexiones publicadas los días 29 de septiembre y 2 de octubre por D. Daniel Toscani Giménez, Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Valencia, quien ha advertido de los riesgos que puede representar confiar exclusivamente en los formularios oficiales. Compartiendo buena parte de estas preocupaciones, y a partir de nuestro propio análisis del modelo publicado, queremos trasladar algunas consideraciones prácticas.

1. ¿Es suficiente cumplimentar el modelo del SEPE?

El documento publicado por el SEPE constituye una herramienta útil y recoge numerosos aspectos contemplados en el Real Decreto: identificación de las partes, funciones, salario, jornada, período de prueba, vacaciones, formación, sistemas automatizados, políticas de igualdad, extinción contractual y convenio colectivo, entre otros. Sin embargo, que un determinado apartado figure en el formulario no significa necesariamente que la información solicitada en él comprenda toda la exigida legalmente.

Esta distinción nos parece fundamental, ya que el artículo 3 establece un contenido mínimo de información y el artículo 6 permite que se facilite mediante uno o varios documentos escritos, siempre que no conste ya íntegramente en el contrato que obre en poder de la persona trabajadora. Por tanto, la utilización del modelo oficial no constituye, por sí sola, una garantía de cumplimiento, de forma que será necesario comprobar, en cada caso, si la información consignada satisface realmente las exigencias del Real Decreto.

2. Aspectos del modelo que consideramos necesario completar o precisar

Sin pretender realizar un examen exhaustivo, destacamos las siguientes cuestiones:

A) Sistemas algorítmicos o automatizados de toma de decisiones: El apartado “I” del modelo solicita información sobre la existencia de estos sistemas cuando se relacionen con la fijación, variación o modificación de las condiciones laborales. No obstante, el artículo 3.2, k) del RD exige también informar sobre sus pautas, criterios y reglas de funcionamiento cuando intervengan en decisiones relativas, entre otras materias, a jornada, asignación de tareas, retribuciones, promoción profesional, lugar de trabajo o extinción contractual, no bastando, en estos casos, con identificar la herramienta informática utilizada.

Este aspecto puede presentar especial complejidad en empresas que emplean aplicaciones de organización de turnos, asignación automatizada de tareas, evaluación del rendimiento o gestión de incentivos.

B) Identificación del convenio colectivo: El modelo incluye un apartado destinado a consignar el convenio o convenios colectivos aplicables (“M”). Sin embargo, no individualiza todos los datos exigidos por el artículo 3.2, o) del RD: código del convenio, fecha de publicación oficial, período de vigencia y, cuando corresponda, situación de ultraactividad. Entendemos que estos extremos deben quedar suficientemente identificados, evitando referencias genéricas que no permitan determinar con precisión el marco convencional aplicable.

C) Seguridad Social, mejoras voluntarias y previsión social: El apartado “N” del modelo solicita información sobre el sistema de colaboración en la gestión de la Seguridad Social que opera en la empresa. Ahora bien, el artículo 3.2, p) del RD contempla un contenido más amplio, que comprende la identificación de la entidad gestora o colaboradora correspondiente, la colaboración directa de la empresa, las mejoras voluntarias de la acción protectora y, cuando existan, los planes y fondos de pensiones promovidos en favor de las personas trabajadoras y sus aportaciones; siendo circunstancias que, a nuestro juicio, aconsejan una mayor concreción documental.

D) Jornada de trabajo y distribución irregular: El modelo contempla la duración y distribución de la jornada, los cambios de turno, las horas extraordinarias, las vacaciones, la distribución irregular y los períodos de preaviso (“E”), teniendo en cuenta que el artículo 3.2, g) del RD exige que la información sobre la jornada ordinaria comprenda su distribución diaria, semanal y anual.

Cuando exista distribución irregular, deberán identificarse las horas y los días de referencia en los que la empresa puede exigir la prestación de servicios, circunstancia que no aparece expresamente desglosada en el modelo. De ahí que resulte aconsejable completar su contenido cuando la organización del tiempo de trabajo presente particularidades que no puedan explicarse suficientemente en los campos disponibles.

E) Retribuciones, período de prueba y otras condiciones laborales: El modelo contempla el salario base, los complementos salariales, la periodicidad y método de pago, así como el cálculo y los criterios de percepción de los conceptos variables. También recoge las obligaciones de las partes durante el período de prueba.

No obstante, será necesario prestar atención a su cumplimentación, dado que cada complemento salarial deberá identificarse separadamente y, cuando existan incentivos o retribuciones variables, deberán explicarse sus mecanismos de cálculo y percepción.

En el período de prueba, deberá concretarse su duración y las obligaciones de ambas partes respecto de las experiencias que constituyan su objeto. Igualmente, las referencias a las políticas empresariales, los protocolos de acoso, las medidas de igualdad LGTBI y los procedimientos de extinción o modificación contractual deberán facilitar la información exigida en cada supuesto.

3. ¿Cómo recomendamos actuar a las empresas?

Nuestra recomendación es utilizar el documento publicado por el SEPE como modelo de referencia, revisando su contenido y completándolo, cuando sea necesario, mediante uno o varios anexos informativos. Estos documentos complementarios podrán referirse, según las circunstancias de cada empresa, a las materias anteriormente examinadas y a cualquier otra condición cuya información resulte legalmente exigible, partiendo de la base de que no se trata de elaborar anexos indiscriminadamente ni de duplicar información ya facilitada.

De hecho, el propio Real Decreto permite, respecto de determinadas materias, la remisión a disposiciones legales o convencionales, siempre que sea precisa y permita identificar claramente las normas aplicables. Lo relevante es que la documentación considerada en su conjunto contenga la totalidad de la información exigible. Asimismo, debemos insistir en una cuestión que ya apuntábamos en nuestra anterior circular: la necesidad de establecer procedimientos adecuados para acreditar la entrega de esta documentación.

A mayor abundamiento, el artículo 6.2 del RD exige que la información facilitada sea accesible, pueda almacenarse e imprimirse y que la empresa conserve prueba de su transmisión o recepción, aunque el propio modelo del SEPE recuerda esta exigencia en su última página, resultando aconsejable disponer de un procedimiento que garantice la trazabilidad de las comunicaciones.

4. Nuevas contrataciones y relaciones laborales ya existentes.

Recordamos que, con carácter general, las obligaciones informativas del Capítulo II del RD resultan aplicables a las relaciones laborales de duración superior a cuatro semanas. En las nuevas contrataciones, la información general deberá entregarse antes del inicio de la relación laboral.

Por su parte, las personas trabajadoras cuya relación laboral estuviera vigente el 5 de octubre de 2026 podrán solicitar la información que todavía no obre en su poder, debiendo la empresa facilitarla en el plazo de treinta días hábiles desde la recepción de la solicitud (ex DT Única RD).

También deberán comunicarse las modificaciones de las condiciones sujetas a información, dentro de los plazos legalmente establecidos. Por ello, recomendamos que las empresas revisen no solamente sus modelos de contratación, sino también los procedimientos para atender las solicitudes de información y comunicar las modificaciones de las condiciones laborales.

5. Artillo Abogados: asesoramiento y adaptación del modelo oficial

Como señalábamos en nuestra anterior Circular, compartimos la finalidad de transparencia perseguida por esta normativa, pero seguimos considerando que su aplicación práctica plantea importantes dificultades organizativas y administrativas para las empresas. La publicación del modelo del SEPE constituye un avance, aunque no elimina la necesidad de examinar su adecuación a las condiciones particulares de cada relación laboral.

Por ello, desde ARTILLO ABOGADOS nos ponemos expresamente a disposición de aquellas empresas interesadas en contratar nuestros servicios profesionales para revisar, adaptar y completar el modelo informativo publicado por el SEPE, mediante la elaboración de las cláusulas, anexos y documentos complementarios que resulten necesarios, teniendo presente que el objetivo no debe ser simplemente cumplimentar un formulario, sino asegurar que la información facilitada sea completa, comprensible y jurídicamente adecuada a las condiciones reales de trabajo.

Sevilla, 30 de octubre de 2026.

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